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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA |
Estado del arte
Colombia en las últimas décadas ha vivido de la tragedia de la guerra, la cual parece ser que se integra e incluso se naturaliza en las prácticas cotidianas de los ciudadanos de varias generaciones, quienes han sido testigo de diversas formas de violencia individual y colectiva que se manifiestan a lo largo del territorio nacional. Entre 1982 y lo que va del 2010, colectivos como el de memoria histórica, ha establecido un registro de 2.520 masacres con cerca de 15.000 Víctimas directas, lo que permite comprender que Colombia ha vivido no solo una guerra de combates, sino también una guerra de masacres, en donde la población civil, no solo ha estado ajena en la discusión del fenómeno, sino que ha pasado desapercibida en la dinámica de defensa y promoción de las víctimas. El tema en este sentido, forma parte de los tantos temas que pasan al olvido y que incluso se resisten a incursionar en escenarios políticos y decisorios.
Para poder abordar en principio el tema del complejo mundo de las víctimas vale hacer un recorrido por distintos fenómenos que terminan dándole sentido y explicando de forma concreta sus expresiones, manifestaciones, conceptualizaciones y posturas. En este sentido es indispensable comprender como la violencia con todos sus matices, como el político, el económico y el social se convierte en el escenario definidor de actores y dinámicas sociales.
Son diversos los estudios y las disciplinas que han puesto la violencia dentro del marco de lo prioritario, quizás porque esta se encuentra prácticamente en la vida cotidiana de los estados latinoamericanos por décadas. Si bien son muchas las tipologías construidas alrededor de la violencia y más específicamente las relacionadas con circunstancias colectivas, como las establecidas por Tilly (2004), en Colombia no se han realizado esfuerzos por crear tipologías particulares; el debate pasa por considerar si en Colombia existe o no una guerra civil, si las instituciones mismas del estado son forjadoras y promotoras de formas violentas, o si simplemente se acreditan esas manifestaciones a grupos considerados como al margen de la ley, en las que particularmente se han concentrado la mayoría de conjeturas y posiciones.
La academia ha participado directa en indirectamente en diferentes debates y se han definido posturas como las de Pecaut (2001) quien manifiesta que el conflicto colombiano se puede denominar claramente como una guerra contra la sociedad y especialmente contra la sociedad civil, en la cual se instalan especialmente las víctimas. Por otro lado autores como Nasi, Ramirez y Lair (2003) consideran que Colombia atraviesa una etapa considerada como una instancia de guerra civil. Estas posturas permiten integrar el contexto cotidiano de la dimensión de ciudadanía civil a la que de manera directa se le violenta vulnerando derechos fundamentales.
En Colombia, los nexos entre el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley han generado versiones reduccionistas y trivializadas del conflicto, las cuales tienen reconocimiento histórico en distintos sectores de la sociedad que de forma causal y unidireccional determinan que son los armados ilegales quienes desarrollan en gran medida la actividad violenta en el país. Políticamente atractiva dicha noción, ha sido calificada sin embargo con estudios sobre el complejo sistema de guerra (Richani 2002), sobre las motivaciones de los rebeldes derivadas de estudios con desmovilizados y desertores (Gutiérrez 2003), y sobre los procesos y justificaciones internas de los grupos armados (Camacho 2002), así como con estudios de caso sobre zonas específicas y con avances en la identificación de las particularidades regionales de la relación entre recursos y conflicto (Nasi y Rettberg 2005). En general, puede decirse que hoy se ha avanzado en el reconocimiento de la necesidad de auto-financiarse que tienen los grupos rebeldes y de la naturaleza potencialmente generadora de conflictos sociales de los recursos, sin que ello implique la ausencia de motivaciones políticas en las insurrecciones. Al respecto, se destaca la publicación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional (Varios autores, 2006), en la que se afirma la naturaleza específica del conflicto colombiano, que contiene elementos criminales sin perder sus significados políticos. Con esto queda expresada la multiperspectiva que tiene el fenómeno del conflicto y por ende una multiperspectiva que define y transforma la perspectiva denominadora de la víctima.
Lo claro es que independientemente de las posturas y reflexiones respecto al conflicto o a la guerra interna, existen decenas de miles de civiles han perdido la vida en esta circunstancia. Miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares, o han sido secuestradas por grupos guerrilleros. Las diversas formas violentas sobre la sociedad civil se hacen presentes con niveles y pretensiones particulares, como es el caso de la toma de rehenes, sobre todo por parte de los grupos guerrilleros, y la tortura a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las fuerzas de la guerrilla; estas son algunas de las tácticas que tienen como intencionalidad generar tensiones y privilegiar la violencia. Tales abusos han dado como resultado una de las mayores crisis sociales de la historia del país; se cree que ya se superan los cuatro millones de colombianos que han huido de sus lugares de vivienda y de sus regiones para escapar de la violencia. Estos crímenes son una muestra del desprecio que todas las partes implicadas en el conflicto exhiben por el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. (Amnistía Internacional 2008)
Esta presencialidad del conflicto y el poco consenso sobre sus causas hacen complejizar mucho más las formas de abordaje e intervención, dentro de las cuales aparecen las que pretenden erradicar el fenómeno con estrategias igual o incluso más violentas, bajo la línea de respaldo institucional o las que se interesan más por vías concertadas e incluso deliberativas para la consecución de escenarios de convivencia; sin embargo posiciones como estas son incluso objeto de críticas oficiales, por considerarlas flexibles y hasta en ocasiones denominadas como cómplices de actores ilegítimos. (Amnistía Internacional 2008). Esta consideración permite comprender como el conflicto y finalmente como la violencia contra las victimas en Colombia entran en un marco de abordaje plagado de aristas y componentes ideológicos que finalmente terminan en ocasiones sirviendo discursos y legitimando prácticas de distintos sectores de la sociedad colombiana.
Dentro de las consideraciones conceptuales que aparecen en las instituciones y organizaciones de víctimas, son realmente diversas; sin embargo se rescatan algunas que en principio sirven para dar un contexto general del proyecto presentado. Estas varían de acuerdo al tipo de organización y también de acuerdo al momento histórico donde se construyeron. Por ejemplo la dispuesta por la propia ley de víctimas del 2008, establece el concepto de víctima en su artículo 9 de la siguiente manera: Se consideran víctimas para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente y con anterioridad a la sanción de la presente ley, hayan sufrido menoscabo en sus derechos como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física o psíquica o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones realizadas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia a los mismos que hayan transgredido la legislación penal o constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. También se considerarán víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física o psíquica o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de individuos que, durante y con ocasión de su pertenencia a la Fuerza Pública, hayan transgredido la legislación penal o constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, judicialmente declarada.
Por su parte la comisión nacional de reparación y reconciliación considera la víctimas como todas aquellas personas o grupos de personas que, en razón o con ocasión del conflicto armado interno que vive el país desde 1964 hayan sufrido daños individuales o colectivos ocasionados por actos u omisiones que violan los derechos consagrados en normas de la Constitución Política de Colombia, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, y que constituyan una infracción a la ley penal nacional. En opinión de la Comisión, el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado contemporáneo constituye en sí mismo un acto de reparación”. “La CNRR considera que la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la Víctima”.
Las Naciones Unidas por su parte en su documento sobre principios y directrices básicos sobre derechos de las víctimas, extiende el concepto a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
Otro de los asuntos que sirven para contextualizar mejor el asunto de las víctimas en Colombia es el relacionado con la reparación, la cual encuentra el amparo en resolución de la Asamblea General sobre derecho de las víctimas en 2005. En esta se establece que Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. Los Estados en este sentido han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.
Las víctimas en Colombia hacen parte además de distintos órdenes jurídicos, los cuales establecen no solamente su denominación y su condición en el país, sino además su prospectiva respecto a su desarrollo y demás asuntos como los de la reparación y reconocimiento como ciudadanos de derechos. En esta perspectiva aparece la ley de justicia y paz, expresada como la Ley 975 de 2005, en la cual se describe el marco legal para la desmovilización de grupos paramilitares, pero que además ha servido de marco para consolidar la impunidad de la que gozaban los responsables de abusos contra los derechos humanos. No sólo se protege a los paramilitares, sino que deja abierta la discusión respecto a su responsabilidad frente a las víctimas. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han intentado derogar algunos de los aspectos más polémicos de la ley; sin embargo, el marco legal, así como otras medidas legislativas relacionadas, han hecho que el proceso de desmovilización adolezca de graves defectos. (Amnistía Internacional 2008).
Por otro lado son varios los conjuntos de leyes internacionales que son aplicables al conflicto nacional, el cual se denomina como conflicto armado nacional ya que ocurre en el territorio exclusivo de Colombia. Estas normas internacionales relacionadas con los derechos humanos son aplicables tanto en tiempos de paz como durante un conflicto armado y vinculan legalmente a las fuerzas estatales y a los agentes no estatales, aunque en este último caso sólo en ocasiones. Las normas del derecho internacional humanitario, conocidas también como leyes de la guerra, vinculan a todas las partes implicadas en un conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales. Además de esto, según lo establecido por el derecho penal internacional, una persona incurre en responsabilidad penal si perpetra determinadas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos –como torturas y desapariciones forzadas–, crímenes de genocidio o de lesa humanidad o graves violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra. El derecho internacional constituye también un marco para tratar la cuestión del derecho de las víctimas a presentar recursos y obtener reparaciones. (Amnistía Internacional 2008)
Existen otras consideraciones jurídicas que permiten comprender mejor el tema de víctimas, su conceptualización y abordaje. En este sentido cabe referenciar algunas que han sido determinantes y de alto impacto como lo son la ley 418 de 1997, la cual fue prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006; esta establece los acuerdos con grupos armados y aprueba medidas de asistencia humanitaria a víctimas. La ley 387 de 1997 regula la acción del Estado para la prevención del desplazamiento forzado y para la atención humanitaria de emergencia y apoyo a la consolidación socioeconómica. Esta ley no explicita aspectos relacionados con la reparación, con la verdad ni con la justicia. La ley 975 de 2005, mencionada anteriormente constituye un marco jurídico para facilitar la desmovilización de grupos ilegales, incluyendo marginalmente algunas disposiciones para el tratamiento de las víctimas en materia de verdad y reparación. Por último aparece La ley 1151 de 2007 que define un plan de desarrollo económico y social para la población desplazada particularmente. Por último la ley 1152 de 2007, considera el Estatuto rural que permita la entrega de tierras de extinción al fondo de reparación de víctimas de la Ley 975.
Por otro lado aparecen otras acciones del legislativo, en respuesta también a las múltiples voces de victimas y de organizaciones sociales, que pretenden visibilizar el fenómeno y responder de alguna manera a necesidades implicadas en el mismo. La ley de víctimas es una de ellas, por la cual se crea el estatuto de las víctimas de crímenes y actos violentos en el marco del conflicto colombiano. La ley surge como respuesta justificada a partir de reconocer el desfase existente entre una normatividad dispersa e insuficiente frente a nuevos y viejos parámetros de derechos y la visibilidad adquirida por un universo de víctimas que atraviesa toda la sociedad. (INDEPAZ 2008).
El Proyecto de Ley 157/2007 “Ley de víctimas” tiene el propósito de tramitar una ley que permita dotar a la sociedad colombiana de una política de Estado que reconozca y garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad impactada durante décadas por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se definió son esto un “Estatuto” de las víctimas, en donde se reconoce la existencia de múltiples disposiciones sobre asistencia estatal o de tipo penal que requieren ser armonizadas, pero partiendo de aceptar la brecha entre la normatividad existente y los derechos reconocidos internacionalmente a todas las víctimas en contextos de conflicto armado interno o de violencia generalizada. A juicio de los ponentes de la ley, en Colombia aparecen paradojas respecto al tema, ya que en los últimos años se ha escuchado más a los victimarios que a las mismas víctimas, relegándolas a un segundo plano de interlocución y presencialidad, siendo víctimas una y otra vez por la indolencia, por la indiferencia, por la invisibilidad de sus historias.
El inventario de normas existentes que tienen referencia a los derechos de las víctimas ilustra esa
afirmación sobre el déficit existente en el país ante uno de los más graves problemas sociales y políticos. Los mayores avances legales se han dado desde 1993 con respecto a la población desplazada pero aún en este campo las falencias continúan siendo grandes como se desprende de las sentencias y autos de la Corte Constitucional y de los informes sobre la situación de derechos humanos entregados en toda la década por diversos organismos de Naciones Unidas o del Sistema
Interamericano. Cada uno de los desarrollos normativos, contenidos en leyes y decretos, ha sido sometido a un riguroso escrutinio desde la sociedad, con un movimiento organizado de víctimas y con la presencia en Colombia de todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos (INDEPAZ 2008)
Por otra parte la reparación a las víctimas se inició en el marco del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso se inició en 2003 con la declaración, por parte de sus líderes, de que las AUC se acogían unilateralmente a un proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR). Vigilado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), este proceso planteó retos no sólo sobre el desarme y la reinserción de los combatientes, sino también en términos de identificar a sus víctimas, asignar culpas y responsabilidades frente a ellas y plantear procesos de reparación. La Ley 975 de 2005, o de Justicia y Paz, brinda el marco institucional de referencia en Colombia con la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Compuesta por representantes del Gobierno Nacional, del Ministerio Público y de la sociedad civil, esta comisión ha liderado los esfuerzos en torno a la definición de la estrategia colombiana de reparación.
Existen otros estudios acerca de la comprensión sobre víctimas y su contexto de reparación y reivindicación, como por ejemplo el realizado por la Fundación Social, el Project Counselling Service (PCS) y el International Center for Transitional Justice , el cual recoge las percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación (Fundación Social, 2006). En el estudio, aa educación, la generación de empleo y la atención básica en salud fueron las circunstancias más altamente calificadas en términos de reparación. Por otro lado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes adelantaron la encuesta “Ciudadanía y conflicto: percepciones desde la cotidianidad” durante tres años consecutivos (2006, 2007 y 2008).
Desde el ámbito internacional se ha contado en los últimos años con los desarrollos de una nueva generación de parámetros y controles que corresponden a la globalización del movimiento por los derechos humanos. Las Convenciones, declaraciones y pactos que han dado cuerpo al derecho internacional de los derechos humanos desde l948, se incorporaron como columna vertebral del Estado Social de Derecho con el impulso de la Constitución Política aprobada en 1991, pero en los últimos años nuevos instrumentos se incorporan para fortalecer la carta de derechos de todos y en especial de las víctimas. Entre esos instrumentos ha sido resaltado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional como instancia anti impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. (INDEPAZ 2008).
Respecto a este proceso que de manera explícita convoca a las víctimas, son pocos los datos acerca de lo que las víctimas opinan frente al mismo, con lo cual aparece como muy prioritario reconocer los discursos de las victimas alrededor de muchas circunstancias que convergen en su proceso. Es decir que el abordaje de las víctimas en este caso supone el reconocimiento de sus comprensiones sobre el territorio, sobre sus perspectivas de ciudadanía y sobre su relación con lo normativo, así mismo hacer un recorrido detallado sobre su contexto de desarrollo y sobre todos aquellos componentes que lo integran.
Bibliografía
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