REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA |
La industrialización, la producción a gran escala, el crecimiento de la masa de consumidores y de su poder adquisitivo ha llevado a las empresas a racionalizar y organizar sus recursos en función de un mayor rendimiento y un mejor acceso a los bienes y servicios para los consumidores y usuarios. Este criterio de racionalización empresarial implica forzosamente la necesidad del contrato único o contrato tipo que rompe el paradigma del contrato tradicional .
El fenómeno no es nuevo, y a pesar de las grandes diferencias con el contrato decimonónico, comparten en su esencia las cuestiones más básicas de la teoría del contrato, como su naturaleza, el respeto por la autonomía de la voluntad que sigue siendo el único fundamente para la obligatoriedad de los contratos, y la buena fe como principio rector y como fuente de integración.
Sin embargo, a pesar de esa esencia compartida, la defensa de la equidad contractual no puede garantizarse con los instrumentos jurídicos tradicionales y demanda la concreción de una normativa específica, no ya regulando los diferentes sectores del tráfico en el que puedan verse este tipo de contratos, sino formulado las reglas generales sobre los principios, conceptos y controles que deban regir el universo de contratos tipo.
A su vez, la posibilidad de imponer condiciones generales conlleva un mayor riesgo de abuso por parte del contratante fuerte contra el contratante débil, que no siempre se trata de un consumidor , por que las cláusulas abusivas no son exclusivas de las relaciones de consumo.
Condiciones generales negociales son “las estipulaciones y cláusulas reguladoras de la materia contractual, preformuladas y establecidas por el estipulante sin negociación particular, concebida con caracteres de generalidad, abstracción, uniformidad y tipicidad, determinando una pluralidad de relaciones” , es decir, preformuladas por el predisponente de manera general para ser incorporadas a una pluralidad de contratos.
El estatuto colombiano del consumidor establece un régimen de control del contenido y otro de control de incorporación de las condiciones generales, el primero, que se utiliza para declarar la abusividad de una cláusula por contravención a una norma imperativa, por estar dentro de la lista de cláusulas que el mismo estatuto enumera, o por romper el equilibrio en perjuicio del consumidor, este último llamado criterio general de abusividad. El control de incorporación, por su parte, no está diseñado para eliminar del contenido del contrato cláusulas abusivas en sí mismas, sino aquellas cláusulas que no siendo abusivas, no han sido informadas debidamente y por lo tanto, sin ese control de incorporación manifestado en un deber de información no puede hablarse de un verdadero consentimiento y una formación del contrato.
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42. Presupuestos de un sistema de control de las condiciones generales del contrato de seguro, http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/cap.7laguadoult..pdf
43. Condiciones generales, cláusulas abusivas y el principio de buena fe en los contratos de seguro. http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/231-251.pdf
44. Definición, delimitación y análisis del ámbito de aplicación del nuevo estatuto del consumidor http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v43n118/v43n118a13.pdf
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46. Protección, garantía y eficacia de los derechos del consumidor en Colombia http://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/1036/934
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49. Condiciones Generales de la Contratación y Cláusulas abusivas en el derecho privado colombiano
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Normativa:
1. Código Civil
2. Código Comercial
3. Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso
4. Decreto 735 de 2013, por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía prevista en los artículos 7 y siguientes de la ley 1480 de 2011
5. Decreto 2184 de 2012, por el cual se corrigen yerros en la Ley 1480 de 2012
6. Decreto 704 de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 61 de la Ley 1480 de 2012
7. Ley 1480 de 2011, estatuto del consumidor
8. Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio
9. Decreto 2555 de 2010, por la cual se reexpiden y recogen las normas en sector financiero, asegurados y del mercado de valores
10. Ley 1425 de 2010, modifica la Ley 472 de 1998
11. Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras disposiciones
12. Ley 820 de 2003, por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones
13. Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Cn Colombiana en relación con el ejercicio de las acciones populares de grupo y se dictan otras disposiciones
14. Legislación comparada: UE, España, México, Argentina, Brasil
Jurisprudencia nacional y comparada
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