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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN |
En los últimos doce años los programas de comunicación social y periodismo de Colombia se han preocupado por consolidar observatorios de medios para que estudiantes y docentes monitoreen, a través de la investigación aplicada, lo que en las industrias de la información y del entretenimiento acontece. Una investigación de la autora plantea que desde 2010 se presenta un boom de proyectos de esta índole, al punto que en 2011 se contabilizaron 29 observatorios mediáticos, aproximadamente.
“En el país la historia de los observatorios de medios se escribe en la academia, con rigor desde 1999. En este espacio se consolida el Observatorio de Medios y Opinión Pública de la Universidad de Manizales y el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana. Pero es en los últimos cinco años que estas figuran cobran fuerza en tanto aumenta el ánimo en diferentes facultades de Comunicación Social y Periodismo por estructurar espacios de este orden.” (Castellanos, 2010, p. 14).
Lo anterior evidencia el esfuerzo que se hace por vigilar los medios; pero también advierte sobre dos cuestiones: la primera es la necesidad de que las facultades de Comunicación Social y Periodismo consoliden observatorios sobre otras cuestiones que no escapan a su amplísimo campo; la interpretación de otras esferas de la realidad, más allá de la mediática, es también una responsabilidad de quienes pretenden enseñar y reflexionar sobre la construcción, búsqueda, uso y transmisión de la información con fines sociales, culturales, políticos y económicos, entre otros. La segunda es la necesidad de observar desde la interdisciplinariedad; las miradas sobre la realidad deben darse a la luz de trabajos conjuntos entre distintos campos, en aras de intentar conocimientos objetivos que sean resultado del debate y los consensos de los saberes.
Por consiguiente se plantea, desde el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, la construcción del Observatorio: Conflicto armado y paz en la ciudad. Para tal fin se propone que el observatorio se desarrolle en conjunto con el programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Interpersonales, de la Universidad Autónoma de Manizales , con el objeto de acudir a la interdisciplinariedad pero también con el ánimo de estudiar dos tipos de regiones: Bogotá y Manizales.
La ciudad se constituye en escenario importante del conflicto colombiano, pese a que es en el campo donde se desarrollan las mayores acciones bélicas. Décadas atrás las autoridades detectaron que la ciudad, con énfasis en la periferia, es objetivo de los grupos al margen de la ley.
“Una aproximación hecha por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República sobre el comportamiento del conflicto armado entre 1990 y Septiembre de 2002 en veinte ciudades ( ) permite concluir que el componente urbano del conflicto es de vieja data (…). Las acciones en las ciudades han hecho parte de las estrategias de los actores armados, guerrillas y paramilitares desde hace muchos años” (Observatorio de Derechos Humanos, 2002).
El conflicto armado también llega a la ciudad porvías diferentes a las de los grupos ilegales. Así lo demuestra la historia de la urbanización de Colombia al retratar cómo los campesinos migraron a las ciudades huyendo de los conflictos en las zonas rurales, por lo que debieron adaptarse a las condiciones inclementes de un proyecto modernizador que los dejó al margen, en la miseria. Desde hace cincuenta años esa historia se repite pese a que muchos gobiernos han intentado incluir dentro de sus políticas el desarrollo del campo. Pero la prolongada lucha de intereses de los diferentes grupos legales e ilegales ha inhabilitado el progreso de las zonas rurales generando así catástrofes humanitarias como el desplazamiento forzado.
Dimensionar tal cuestión es sustancial para poder alcanzar la comprensiónsobre cómo el conflicto armado, en todas sus dimensiones, es asumido por los habitantes de la urbe –los citadinos y los que son desplazados del campo-, y de qué manera modifica las acciones y significados de la realidad. Así mismo, analizar de qué manera los intentos por resolver el conflicto armado tienen consecuencias significativas para los habitantes de la urbe se torna trascendentalporque, entre otras cosas, le entrega a la ciudad otros grupos sociales categorizados como desmovilizados y reinsertados. La paz es un tópico obligado en la agenda de la investigación por los diferentes esfuerzos que se hacen, desde el gobierno y la sociedad, por alcanzarla a través de políticas como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras así como el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y lasFarcep.
En Colombia los habitantes de la ciudad representan el 75% de la población, según el último censo nacional; a ese porcentaje se suman los 4 millones de desplazados que el gobierno tiene en sus estadísticas, y los 1.250 reinsertados que hacen parte del programa de reincorporación a la vida civil. Visibilizar sus historias y reflexionar sobre ellas es vital porque como plantea Kim Barker, exjefe de redacción del Chicago Tribune: “la parte más interesante para mí, no es cómo la gente muere en la guerra, sino cómo vive” (citado por Lienfield, 2012, p 24).
La necesidad de observar lo que acontece en la ciudad por cuenta del conflicto armado y los intentos por resolverlo, justifica la consolidación del observatorio, que se proyecta, en primer lugar, como un espacio para que los estudiantes de comunicación social y periodismo (y otras carreras afines) se involucren con la realidad en cuestión mediante la búsqueda de la información y el análisis sociopolítico de la misma, en aras de entregársela a la ciudadanía a través de un espacio mediático; se pretende un ejercicio real del periodismo. En segundo lugar, el observatorio se constituye en un centro de investigación académica de acontecimientos y transformaciones que se producen en la ciudad, en la gente, por cuenta del conflicto armado y la búsqueda de la paz; con la posibilidad constante de sumar otras categorías que sirvan a la comprensión de la realidad.
Bibliografía
CASTELLANOS, Juliana. Los Observatorios de Medios, bastiones de la investigación mediática. México: en revista electrónica Razón y Palabra, número 73, agosto-octubre de 2010.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA |
A continuación se plantean las tres categorías centrales del proyecto propuesto: ciudad, conflicto armado, representaciones sociales.
La ciudad:
Las ciudades colombianas son escenarios de conflictos sociales, consecuencia de un proceso de modernidad vertiginoso y apabullante que dio prioridad a la clase alta mientras marginó a la clase popular. No obstante, el pueblo debió adaptarse a los cambios políticos, económicos y culturales que el desarrollo de la urbe implicó. La desventaja generó un tejido social débil, donde los menos favorecidos, que componían la mayoría campesina, fueron maltratados, cuando no pisoteados, por el Estado. Frente a ello los débiles buscaron hacerse fuertes a través de la violencia, en sus múltiples manifestaciones, pero también en la consolidación de movimientos sociales y comunitarios cuyo fin era oponerse y sobrevivir a las políticas excluyentes construidas por y para las familias y grupos poderosos.
Jesús Martín Barbero explica la situación al manifestar que desde principio del siglo XX los países latinoamericanos se enfrentan a un destiempo entre Estado y nación, lo que implica gobiernos que no son reconocidos por el pueblo, así como pueblos que no son reconocidos por sus mandatarios.
“En la ciudad la presencia de las masas fue adquiriendo poco a poco rasgos más marcados. La cantidad de gente comenzó a significar un enorme déficit de vivienda y transporte, y un nuevo modo de habitar la ciudad, de marchar por las calles, de comportarse. En la periferia aparecieron los barrios de invasión y en el centro la ruptura ostensible de las formas de urbanidad. La ciudad comenzaba a perder su centro. A la dispersión que implican las invasiones de la periferia por los pobres (…) respondían los ricos alejándose hacia otra periferia. Y la masa siguió invadiendo todo. Porque en medio de su ignorancia de las normas y del desafío que su sola presencia entrañaba, su deseo más secreto era acceder a los bienes que representaba la ciudad” (Martín Barbero, 2003, p. 24)
Esos bienes que representaba la ciudad parecían esquivos; se trataba de los servicios públicos, la educación, la salud, las vías de transporte, las formas de comunicación urbana, la economía representada en las industrias y el comercio. Es decir, todo aquello que el proyecto de desarrollo tenía y que era impensable, entonces, en el campo.
De esta manera la ciudad se constituye en un objeto de disputa de dos partes de la sociedad: aquella que se asume como parte del desarrollo, y aquella que va a integrar las mayorías y que persigue, con múltiples dificultades, lo que la ciudad ofrece. La primera mirará siempre con desprecio a la segunda que ha sido llamada desde las teorías latinoamericanas como la clase popular.
La clase popular de América Latina es resultado de la combinación de la forma de vida del universo rural y la yuxtaposición de ideas citadinas y cosmopolitas que empezaron a imponerse desde mediados del siglo XX a través de los medios, de la escuela, y de la experiencia directa de quienes llegaron a las ciudades. Se trata, entonces, de coexistencia e hibridación de lo tradicional y lo moderno. Es también un grupo marginal, olvidado por el Estado, que migró del campo a la ciudad cuando el proyecto modernizador se distanciaba de las áreas rurales y se concentraba en las zonas industriales y capitalistas.
“En el siglo XX, vivir en las zonas rurales significó vivir en el abandono y bajo la ley del más fuerte. De esta manera se mantuvieron tensiones de poder ejercidas por los caudillos, durante todo el siglo, lo cual aumentó la migración a las ciudades de los hombres y mujeres que vivieron de la tierra y las minas y que llegaron a las urbes en busca de nuevas perspectivas. Esta clase popular ha construido su identidad desde lo popular, en la periferia, al margen de la clase alta dominante y del sistema político de los países latinoamericanos” (Cervantes, 2005, p.5).
Sin embargo, a partir de la década de los setentas las políticas estatales empiezan a dar prioridad a las clases marginadas ubicadas en la ciudad al intentar extender a ellas los procesos de alfabetización; el acceso a algunos servicios públicos, el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y a productos del mercado internacional que empiezan a ingresar lentamente a los países subdesarrollados.
Néstor García Canclini (2003, citado por Ortiz)) apunta algunos hechos que indican un cambio estructural de los países latinoamericanos: un desarrollo económico más amplio y diversificado cuya base se apoya en el crecimiento industrial y en las tecnologías más avanzadas; la ampliación del mercado de bienes culturales, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas, donde hay un incremento de las matrículas escolares en todos los niveles (primario, secundario, universitario); consolidación y expansión del crecimiento urbano a partir de los años 40; introducción de nuevas tecnologías de comunicación, particularmente la televisión.
No obstante, en Colombia la búsqueda por alcanzar el progreso se ha visto obstaculizada por el conflicto armado; conflicto que ha migrado del campo a la urbe y que ha encontrado como puerta de entrada los barrios marginales:
“El acercamiento de los frentes a las ciudades, el control militar de barrios y la extorsión constituyen síntomas que la opinión ha percibido como de llegada del conflicto a las ciudades. Sin embargo, no es nuevo para Barrancabermeja ni para Medellín la lucha por el control de los barrios por parte de los actores armados. La utilización de la extorsión es difícil de comprobarse en términos empíricos. La aproximación de frentes a Cali y Bogotá data de comienzos de los años noventa, especialmente a partir de 1992, con la creación de seis frentes alrededor de la capital. Sin embargo, su presencia no ha logrado pasar del ámbito periférico y ha sido debidamente contenida por la acción de la Fuerza Pública, haciendo casi imposible el acceso de frentes rurales a la zona urbana” (2002, Vicepresidencia de la República de Colombia, p. 2)
Además, como consecuencia del conflicto armado, el país cuenta hoy con más de 4 millones de desplazados (4.5 millones aproximadamente), que buscan en las ciudades un refugio y el cumplimiento de los derechos a los que tienen acceso en tal circunstancia: “En su mayoría (78,7%), los grupos familiares de población desplazada incluida en el RUPD prefieren permanecer en la ciudad de asentamiento; al menos por ahora y mientras no se alteren las condiciones de seguridad y se pueda garantizar la posibilidad de su restablecimiento socioeconómico en los lugares de origen. Sólo un pequeño porcentaje (2,9%) desearía retornar ahora a su municipio de expulsión.” (Garay Salamanca, 2009, p 157).
Los desmovilizados de los grupos paramilitares que se acogieron al proceso que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró también habitan hoy en las áreas marginales de las ciudades, pero muchos de ellos reinciden en actos violentos generando inseguridad. Frente a ello el periódico El Espectador publicó en octubre de 2011un artículo al respecto en el que se cita un informe del Citpax y la Universidad Externado: “¿por qué vuelven a delinquir los desmovilizados? Por la presencia de contextos de inseguridad, ilegalidad, desempleo y pobreza, asegura el informe. Dado que la mayoría de los desmovilizados residentes en ciudades viven en barrios marginales donde hay inseguridad, ilegalidad y delincuencia, terminan formando parte de ese mismo contexto, con el agravante de que “saben manejar armas, pueden formar grupos, tienen contactos” (Gutierrez Roa, 2011).
De la misma manera hoy la ciudad es habitada por desmovilizados de grupos guerrilleros, por víctimas de minas antipersonas, por víctimas de extorción, entre otros, lo que indica que la urbe debe ser un objeto de análisis social para pensar en propuesta de recuperación que conduzcan un verdadero progreso. En suma, es importante explorar las dinámicas del conflicto armado que migran del campo a la ciudad, así como aquellas que nacen en la urbe y que son causa y/o consecuencia del conflicto.
Conflicto armado
Violencia, guerra y conflicto, son conceptos que se usan como sinónimo porque cada uno contiene a los otros. Sin embargo, es esencial establecer la diferencia que existe entre estos conceptos. La violencia se ha entendido tradicionalmente como “el ejercicio deliberado de la fuerza para causar daño físico a las personas o a su propiedad” (Valenzuela, 1994, p 56). Esta clase de violencia es definida, desde la postura de Jaohan Galtung como violencia directa o personal. Adicional a las dos tipologías se encuentra la violencia estructural, la cual se da entre las estructuras de las relaciones sociales y personales, resultantes de la diferencia de poder y oportunidades; que pueden ser causadas, entre otras cosas, por el hambre, la miseria, la desnutrición, y el abandono.
El concepto de guerra aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como el rompimiento de la paz entre dos o más potencias; lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Maquiavelo en El arte de la guerra elaboró un tratado para que el Príncipe arrojara a la chusma extranjera de la tierra Italiana. En este trabajo el autor asegura que la guerra es una forma más de llevar a cabo la política. Por consiguiente “la guerra es un hecho social único por su dimensión y alcance. Existe indudablemente-dice Raymond Aron- un darwinismo en la naturaleza”. En la guerra entre naciones participa el poder coercitivo del Estado. En la Constitución de Colombia el artículo 173 -numeral cinco- se establece que “es atribución del Senado autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación”.
Por lo tanto la guerra, si bien puede darse en otros ámbitos, suele relacionársele con una lucha entre países.
Así, entonces, la definición de conflicto se establece según Kenneth Boulding como “una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados, percibidos como incompatibles”. Por su parte Raimond Aron asegura que el conflicto es oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles” .
El Derecho Internacional Humanitario hace una distinción entre dos tipos de conflictos armados, a saber: conflictos armados internacionales, en que se enfrentan dos o más Estados, y conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente (…) Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún otro tipo de conflicto armado. Sin embargo, es importante poner de relieve que una situación puede evolucionar de un tipo de conflicto armado a otro, según los hechos que ocurran en un momento dado. Por lo tanto lo que Colombia enfrenta hace más de cincuenta años es un conflicto no internacional que, de manera más explícita se debe comprender como: Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. (Tomado de la web ICRC).
El conflicto armado colombiano se remonta a sesenta años atrás luego de la creación del Frente Nacional y tras la época de la Violencia. Así lo confirman los historiadores cuando aseguran que la creación del Frente Nacional que buscó que el poder fuera compartido subsecuentemente entre los liberales y los conservadores no logró satisfacer las exigencias relacionadas con los niveles de desigualdad social que agobiaban al país, y que eran evidentes en la distribución de la tierra, el acceso a oportunidades y la exclusión política. En consecuencia, muchos de los actores de la Violencia “desconfiando del Estado y, fuertemente comprometidos con las reformas sociales, mantuvieron las armas y se extendieron en zonas selváticas aisladas donde la presencia del Estado era marginal. (Eduardo Pizarro 1991). De esta manera las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), creadas oficialmente en septiembre de 1966, logran contar en 2003 con 71 frentes y 17 mil miembros; pero luego de una gran arremetida el gobierno de Álvaro Uribe Vélez los redujo a 9 mil miembros aproximadamente. De otro lado, el segundo grupo guerrillero más importante en la actualidad es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fundado en 1964, constituido desde la teología de la liberación en los años 60.
Para muchos analistas el conflicto armado interno colombiano ya no es motivado por razones ideológicas sino por el deseo, de parte de los grupos al margen de la ley, de controlar territorios importantes para la producción y circulación de coca. De tal suerte que la producción de la droga se convierte en parte fundamental para el sostenimiento de los grupos guerrilleros. “A través de los ingresos así percibidos las organizaciones irregulares financian a sus efectivos y, lo que es más importante, adquieren las armas para su lucha. De esta manera el narcotráfico colombiano establece relaciones con las organizaciones mundiales del comercio ilegal de armas” (Guizado, 2003, p 86). De manera más contundente Francisco E. Thoumi (2003), en un ensayo denominado Por qué razón un país produce drogas, puntualiza de qué manera las drogas ilegales alteran la naturaleza del conflicto armado colombiano:
Han permitido que las facciones enfrentadas de derecha e izquierda mejoren su capacidad militar.
Crearon nuevas razones para luchar, pues tanto las guerrillas de izquierda como de derecha se disputan el control de las zonas del cultivo de la coca y de las amapolas, así como de las rutas de exportación.
Los campesinos que cultivan coca y amapola se han convertido en actores del conflicto armado.
El hecho de que las drogas ilegales estén financiando el conflicto colombiano ha aumentado la participación de Estados Unidos y de la Unión Europea.
De manera puntual Daniel Pécaut (2008, p. 90) explica en el libro Las Farc ¿una guerrilla sin fin o sin fines? que a partir de 1994 la economía de la droga se vuelve de lejos el origen principal del financiamiento -de las Farc- (…) en 2003 asciende a más del 50%del total de esta financiación. Luego de 2003 a 2007 la disminución de los secuestros y las dificultades con que tropieza la extorción hacen que la parte de la economía de la droga crezca aún más: superaría el 60%, o incluso el 70%.
En este escenario el gobierno hace uso de su poder coercitivo y emprender una lucha contra los grupos que crean el caos en aras de enriquecerse ilícitamente. No obstante, cuando el poder coercitivo del Estado no tiene la suficiente habilidad para solucionar el conflicto se forman otros grupos alternos al poder de las fuerzas armadas que, no legitimadas, emprenden un defensa por el Estado. En Colombia los paramilitares emprendieron una lucha contra la guerrilla, lo que dio paso a otro conflicto – guerrilla y paramilitares-. Sin embargo, la historia evidencia que los grupos paramilitares también terminaron en una guerra por el control de los territorios importantes para la producción y tráfico de drogas. “Desde 1989 cuando se filtró a la prensa el primer análisis de conjunto por parte de una agencia gubernamental colombiana, en ese caso el DAS, acerca del paramilitarismo como fenómeno en expansión, el nexo con el narcotráfico era tan obvio que para efectos de las conclusiones se lo dejaba sobreentendido” (Cubides 2005, p. 205).
En este marco, desde los años sesenta Estados Unidos ha colocado la mirada sobre Colombia y se ha comprometido con los diferentes gobiernos en la lucha por erradicar los cultivos de droga. La guerra contra las drogas la declara por primera vez en 1972 el presidente Richard Nixon. Sin embargo, en los últimos seis años esta política se ha tornado más dura a partir de dos acontecimientos. El primero de ellos es la internacionalización del conflicto armado colombiano desde la presidencia de Andrés Pastrana, quien solicita cooperación internacional para entablar un proceso de paz con el grupo guerrillero FARC. Es así como “la contribución financiera de Washington al denominado Plan Colombia fue de 1.3 billones de dólares y se dirigió mayoritariamente a fines militares” . Esto preocupó a los países vecinos porque representaba un peligro inminente para ellos. Sin embargo, a excepción de Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá solicitaron ayuda al gobierno norteamericano para luchar con el conflicto que entonces amenazaba sus fronteras. Esta adjudicación de fondos vino de la mano de la Iniciativa Regional Andina establecida en el año 2001 por el presidente Bush en aras de integrar las exigencias latinoamericanas.
El segundo acontecimiento que cambia las políticas estadounidenses hacia Colombia en la lucha antidrogas es el ataque de Al Qaeda, el 11 de septiembre de 2001, a las torres gemelas y al Pentágono de Estados Unidos. Tras los acontecimientos este país centra la atención en Irak e Irán, por lo tanto la financiación a la Iniciativa Regional Andina se reduce en un 22%. Pero, además, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó como terroristas a las FARC, el ELN y las AUC. “El representante Mark Souder, quien dirigía el Comité de Acción Contra las Drogas en 2001 afirmó que la línea que se podía trazar entre insurgencia, narcotráfico y terrorismo se había desdibujado totalmente y, en consecuencia, los recursos de la ayuda estadounidense podrían ser utilizados para combatir las FARC, el ELN y las AUC, si el gobierno colombiano así lo decidía” (El Tiempo, 11 de noviembre de 2001).
Sin embargo, el gobierno de Pastrana desde sus inicios intentó entablar un proceso de paz con los diferentes grupos armados. Es así como desde el 7 de enero de 1999 empezaron las conversaciones entre el gobierno y las FARC. No obstante, las acciones de este grupo contra la sociedad civil, la fuerza pública e incluso contra defensores del gobierno continuaron. Adicional a esto, con la constitución de la Comisión Internacional de Verificación, las FARC decidieron hacer una pausa en las negociaciones de paz. Los países que conformaban la Comisión fueron Francia, Canadá, Cuba, Italia, México, Noruega, España, Suiza, Suecia y Venezuela. Finalmente el grupo guerrillero, en el acuerdo de los Pozos, aceptó la participación de extranjeros.
A pesar de los trabajos que los diferentes gobiernos hicieron para encontrar la paz en Colombia el grupo guerrillero secuestró ciudadanos europeos, entre ellos a personas vinculadas a ONG. Las FARC entonces “cada vez se considera más como un movimiento desprovisto de metas claramente revolucionarias y mucho menos de una ideología comprensiva (…) la captura de tres miembros del IRA en Colombia en 2001 y la alianza terrorista que dicha captura puso en evidencia se constituye en fuente adicional de preocupación” .
En enero de 2002 el presidente Pastrana dio la orden al grupo guerrillero de que desalojara la zona que él les había desmilitarizado para el acuerdo de paz. En ese escenario “el escepticismo de la opinión pública fue un lastre para el nivel de aprobación de Pastrana, quien también trato de realizar negociaciones con el ELN a través del grupo de países amigos conformado por Francia, Suecia, Suiza y Cuba. Aseguraron los medios de comunicación, en la época, que entablar un proceso de diálogo con el ELN era más fácil que con las FARC en tanto los primeros habían perdido poder. Sin embargo, esta negociación se vio empañada por la oposición que las AUC y la fuerza civil impusieron para que no fuera desmilitarizara la zona central del norte del país, espacio que Pastrana esperaba dar a los grupos del ELN.
Con el cambio de gobierno que se produce el 7 de agosto de 2002 Álvaro Uribe Vélez sube al poder con políticas de paz diferentes a las impuestas por el presidente anterior. En ese orden, Uribe establece una fuerte y radical gestión en torno a la seguridad democrática. Para ello emprendió una política de fortalecimiento de la fuerza pública en lugares desprovistos de ella, aumentó la seguridad en las vías nacionales, incrementó las fumigaciones aéreas, y emprendió una persecución contra las FARC y el ELN apoyando la guerra contra el terrorismo del presidente Bush.
Desde agosto de 2010 Juan Manuel Santos asume la presidencia de la república bajo el lema Prosperidad para todos. En su plan de desarrollo prima la palabra paz más que guerra, criminales y terroristas. Con razón a lo anterior el capítulo V se titula Consolidación de la Paz. En él se reconoce que si bien los índices de criminalidad y violación a los Derechos Humanos se encontraban disminuidos, algunas formas de violencia habían mutado en unas nuevas, como las bandas criminales (Bacrim). Pese a ello sus esfuerzos se han centrado en la construcción de la primera ley de víctimas y restitución de tierras, y en la generación de un marco legal para la paz con el que pretende consolidar un proceso de diálogo con las guerrillas.
Hay que anotar que hay una característica inherente al conflicto, se trata de pasar de la violencia a una manera de comunicación dialógica en el que las partes opuestas tratan de mediar sus intereses. “El proceso de manejo de conflictos incluye todas las técnicas empleadas para prevenir el desarrollo de situaciones conflictivas, impedir que resulten en comportamientos destructivos o ponerle fin al mismo, remover sus causas por medio de algún acuerdo o mediante la resolución del conflicto” ( Valenzuela, 1994, p. 66). Por ello en el conflicto armado colombiano se han establecido entre el gobierno y los grupos al margen de la ley procesos de diálogo que han sido visibilizados por los medios de comunicación. El gobierno de Andrés Pastrana instauró el 7 de enero de 1999 un proceso de paz con el grupo guerrillero Farc. Mientras el presidente Álvaro Uribe Vélez entra al gobierno el 7 de agosto de 2002 a entablar un proceso de diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia. El 27 de agosto de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció los acercamientos con las Farc para entablar diálogos de paz.
Representaciones sociales
La palabra representación viene del latín repraesentare –volver hacer presente- Por lo tanto la Real Academia de la Lengua Española ha definido el concepto como una figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Lo dicho induce a pensar que la representación en tanto sustituto de la realidad estaría ubicada en un nivel metafísico; pero al ser constituida en figura, pensamiento o imagen pasaría de lo metafísico a lo simbólico. Para Umberto Eco “lo simbólico es la actividad mediante la cual el hombre explica la complejidad de la experiencia organizándola en estructuras de contenido a las que corresponde sistemas de expresión. Lo simbólico no sólo permite nombrar la experiencia, sino también organizarla y por tanto constituirla como tal al hacerla pensable y comunicable” (1990. P.31).
Lo anterior lleva a explicar que la representación social que hace la gente de la realidad se expone gracias a que se han apropiado de un sistema codificado de signos, significantes y significados. Basta decir que desde la semiología el código se refiere al sistema de instituciones convencionalizadas que se conocen bajo el nombre de lengua; y la lengua como sistema de signos establece una relación entre significantes que son compuestos físicos y el significado que es abstracto. Por lo tanto las palabras constituyen el significante y su contenido el significado.
Las representaciones sociales del conflicto armado en las ciudades se comprende desde la representación que hacen las personas del mundo que les rodea y que conocen por la experiencia particular o por flujos de información. “El mundo no es más que causa de impresiones, y lo a priori que posibilita el acceso al conocimiento del mundo pertenece al sujeto por entero, el mundo queda totalmente sometido a las leyes del sujeto, o sea, debe ser reducido a una representación subjetiva. Ya que casualidad, impresiones, espacio y tiempo en los que el proceso del conocimiento se produce, son todo ello patrimonio del sujeto. Por tanto debemos concluir que la impresión empírica se convierte en un fenómeno puramente subjetivo, en un nuevo proceso interno (…) en realidad la intuición empírica es siempre una mera representación nuestra: es el mundo como representación” (Schopenhauer, p. 675).
Entonces, la representación social de un hecho como el conflicto armado colombiano es siempre subjetiva y no objetiva. El mundo es representado desde las leyes del sujeto, que nacen por la experiencia, la cultura, los niveles de educación. Desde allí selecciona el hecho, lo interpreta, lo organiza y produce a través de un sistema codificado como es la narración oral o la escritura.
Teun Van Dijk habla de modelos mentales para referirse a las representaciones. El autor parte del trabajo que, desde la década de los ochenta, hace la psicología cognitiva sobre el concepto de modelos mentales que son, desde ese campo, representaciones de acontecimientos, esto es, episodios en la memoria personal. “Cuando se es testigo, se participa, o se escucha/lee sobre un accidente automovilístico la gente construye un modelo de tal acontecimiento. Este modelo es subjetivo: representa la experiencia personal y la interpretación del acontecimiento que efectúa el participante” (2000, p.108). De manera que todas las personas están en una dinámica de producción constante de representaciones que se construyen, a su vez, sobre la base de otros modelos que el sujeto ya ha consolidado en la experiencia social y privada.
La imagen que las personas construyen sobre el conflicto armado en la ciudad está determinada, además de la experiencia, por un doble flujo de información. El primero es el flujo mediático, que proviene de la construcción que unos sujetos emisores hacen sobre un hecho particular y lo transmiten a través de los medios de masas; el segundo se denomina flujo de comunicación dialógica, se trata de aquella información producida desde la experiencia social directa en la cual existen sistemas de comunicación distintos a los medios (diálogos cotidianos- rumores, chismes, etc). Ambos modos de información edifican lo que Van Dijk denomina modelos de acontecimientos, a través de los cuales se estructuran imágenes concretas de la realidad. A través de esas imágenes los sujetos se ubican en su contexto, toman decisiones, crean juicios sobre otros y sobre sí mismos, emprenden acciones y se restringen de otras.
El medio a través del cual esas representaciones se exteriorizan es el lenguaje. Las historias, las opiniones que la gente expone están cargadas de representaciones. En este orden la realidad objetiva es un conjunto de realidades subjetivas que se estructuran en el plano cognoscitivo en el que se crean y habitan las representaciones.
"Las representaciones son significaciones, construcciones culturales móviles, mediadas por lenguajes, que tienen una dimensión sincrónica y diacrónica. Son práctica y memoria, se crean y recrean cuando se ponen en juego en experiencias culturales, espacial y temporalmente ubicadas. Pero al mismo tiempo son “portadoras” de unas trayectorias, de unos marcos y expectativas culturales, simbólicas y vivenciales. Además están cargadas de deseo, emotividad y estrategia. Esto quiere decir que hay una tención y un dinamismo constitutivo entre la espontaneidad y originalidad de su puesta en práctica, y la historia, la cultura y la trayectoria de las representaciones sociales construidas y apropiadas por agentes sociales. Las prácticas comunicativas y culturales en las que se crean y se recrean estas representaciones, ponen en juego dimensiones que involucran individualidad y sociabilidad. Las representaciones a su vez están cargadas de cultura y de individualidad" (Barón, 2002, p 49).
Bibliografía
BARON PORRAS, Luis Fernando (2002). Internet, guerra y paz en Colombia. Cinep: Bogotá.
Cervantes, Ana Cecilia (2005). La Telenovela Colombiana: Un relato que reivindicó las identidades marginadas. En: Investigación y Desarrollo, Vol 13, número 002. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Consultado de la web el 1 de septiembre de 2012: http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
CUBIDES, Fernando (2005). Narcotráfico y paramilitarismo ¿matrimonio indisoluble?. En El Poder Paramilitar. PLANETA: Colombia.
ECO, Umberto (1990). Semiótica y filosofía del lenguaje. Lumen: Madrid.
Francisco E. Thoumi (2003). Por qué razón un país produce drogas.
GARAY, Luis. (2009, junio-diciembre). Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia. Estudios Políticos, 35, Instituto de
Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
GONZALES GIMENO, Andrés. El hombre y la Guerra. Quiron Edicones: España.
GUIZADO CAMACHO, Álvaro (2003). En: El conflicto colombiano y su impacto en los países Andinos. CESO- EDICIONES UNIANDE: Colombia.
GUTIERREZ ROA, Élber (2011). La tentación de los desmovilizados. Publicado en el periódico El Espectador el 14 de octubre. Consultado el 1 de septiembre de 2012 de: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-305655-tentacion-de-los-desmovilizados
MARTÍN BARBERO, Jesús (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
ORTIZ, Renato (2004). Mundialización y cultura. Convenio Andrés Bello: Colombia.
PÉCAUT, Daniel (2008). Las Farc ¿una guerrilla sin fin o sin fines?. Norma: Colombia.
SCHOPENHAUER, A. Crítica a la filosofía de Kant. Grijalbo, México.
VALENZUELA, Pedro (1994). La estructura del conflicto y su resolución. Instituido para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán. Ministerio de Educación. Número 19. Abril-Mayo 1994.
VAN DIJK Teun (2000). Ideología. Editorial Gedisa: Barcelona.
Vicepresidencia de la República de Colombia y el Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia (2002). Resumen sobre el Conflicto Armado en las Ciudades. Colombia.
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